PROFESIÓN
Atacar a un sanitario se castigará con la misma dureza que atentar contra un policía
Las agresiones físicas y verbales a los trabajadores sanitarios empieza a ser algo tan común en los centros como los fonendoscopios que cuelgan de las batas blancas. Pero sólo una minoría de las víctimas se atreve a denunciar los ataques por temor a represalias o debido al escaso apoyo institucional
ISABEL PERANCHO
Guardias de seguridad franqueando la entrada, cámaras de vigilancia las 24 horas, pulsadores de alarma bajo las mesas... ¡Bienvenido a la sala de urgencias del hospital!. Este área asistencial crítica ya es conocida como la 'zona de guerra' de la atención sanitaria. O como la jungla. Más del 85% del personal que trabaja en estas instalaciones ha sido víctima de una agresión física, de amenazas, coacciones o de insultos por parte de un paciente o de sus familiares. Son los datos de una encuesta a cerca de 2.000 sanitarios de dos comunidades autónomas españolas que se darán a conocer hoy. Las plantillas se declaran amedrentadas por la violencia con la que los usuarios demandan un trato preferente, una medicación concreta o un parte de baja. Unos claudican y piden la baja laboral, otros abandonan. Pero muy pocos se atreven a denunciar. A partir de ahora, atacar a un médico o enfermero será delito de atentado.
Médicos asesinados por no conceder una incapacidad laboral, enfermeras violadas a la puerta del hospital, facultativos 'secuestrados' durante horas en domicilios por no firmar un certificado de defunción, galenos apuñalados tras negarse a recetar un fármaco o apaleados casi hasta la muerte en 'ajustes de cuentas' por un diagnóstico no deseado... Son casos reales acaecidos en las consultas españolas en los últimos años. El miedo al paciente se ha instalado en muchos centros.
«El malestar es general, pero nadie se atreve a decirlo claramente. Nos da vergüenza reconocerlo», afirma la enfermera Teresa Mateos, de baja laboral por ansiedad desde el pasado julio a causa de la tercera agresión física que sufría en su lugar de trabajo, las urgencias del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Los autores de las dos primeras fueron sendos pacientes. El de la tercera, uno de sus compañeros: un médico residente. «Fue el colmo. Me rompí», reconoce. Ha pedido el traslado a un centro más tranquilo en el que espera recuperar la ilusión por su trabajo.
Ella no es la única, miles de sanitarios son víctimas cada año de la violencia de los pacientes y de sus familiares. Sólo en la Comunidad de Madrid se notificaron en 2005 más de un centenar de ataques físicos y verbales a personal de enfermería. Ahora 1.845 médicos, enfermeros, directivos, celadores, personal administrativo y otros trabajadores de tres hospitales y numerosos centros de salud urbanos y rurales de Aragón y Castilla-La Mancha han colaborado en una encuesta para conocer la realidad de un problema creciente pero silenciado por su escaso nivel de denuncia. Apenas queda constancia oficial del 3,7% de las agresiones, habitualmente de las más graves.
LA ENCUESTA
El sondeo, cuyos resultados publica hoy 'Medicina Clínica', no deja lugar a dudas: las agresiones físicas y verbales a los sanitarios empieza a ser algo tan común en los centros como los fonendoscopios que cuelgan de las batas blancas.
Estudios de menor envergadura ya habían disparado las alarmas sobre este inquietante fenómeno. Sendas investigaciones del Consejo General de Enfermería y del Colegio de Médicos de Barcelona reflejaron en 2006 y 2005, respectivamente, que uno de cada tres profesionales ha sido agredido en su lugar de trabajo y uno de cada cuatro ha sido testigo directo del ataque.
Pero la tasa de agresiones alcanza valores aún más elevados en este último análisis: el 11% de los trabajadores ha sido objeto de violencia física, un 5% en más de una ocasión, mientras que un 64% ha sufrido violencia psicológica. De éstos últimos, el 34% fue víctima de amenazas y coacciones (un 23,8% en reiteradas ocasiones) y un 36,6% de insultos (el 24,3% de forma repetida).
«Es la expresión de un problema general de la sociedad que se está dando también en las escuelas. Se va contra el principio de autoridad y se generaliza la violencia como medio para conseguir algo», reflexiona Begoña Martínez-Jarreta, catedrática de Medicina Legal y Forense, directora de la Escuela Profesional de Medicina del Trabajo de la Universidad de Zaragoza y autora, junto con el profesor Santiago Gascón, del sondeo. Son muchos los especialistas que coinciden en esta apreciación.
Es cierto que el ambiente social está caldeado pero, también, que la situación en los centros sanitarios no ayuda precisamente a enfriarlo. Consultas hipersaturadas, esperas eternas, déficits de información a pacientes y familias, trabajadores exhaustos que acaban perdiendo la paciencia... «La gente acude cargada de derechos y los profesionales se han convertido en el parachoques del descontento sanitario», agrega Martínez-Jarreta.
Hay un dato que confirma que parte de la crispación tiene que ver con esta situación. El 85% de los incidentes recogidos por la Organización Médica Colegial (OMC) se produce en centros públicos. Sólo un 15% en la sanidad privada, donde los tiempos de espera son inferiores, las consultas más largas y los servicios de urgencias más tranquilos. «A mayor demora en la atención más capacidad de conflicto», afirma Jesús Aguirre, vicepresidente de la OMC.
ZONAS DE RIESGO
La nueva encuesta identifica los 'puntos calientes' de los centros: las agresiones son mucho más frecuentes en los grandes hospitales, especialmente en las puertas de urgencias, donde el 48% de la plantilla ha sido víctima de un ataque, y en los de psiquiatría, con un 27% de afectados. En estas mismas localizaciones es también más habitual que se produzcan episodios de violencia física, dirigidos sobre todo a los médicos.
Por el contrario, los insultos se reparten de forma más aleatoria entre centros, servicios y profesionales, mientras que las amenazas siguen un patrón de distribución jerárquico, resultando más acosados directivos, jefes de servicio y médicos, y se concentran en los servicios donde se toman decisiones vitales, como las urgencias y áreas quirúrgicas.
La encuesta no ha detectado grandes diferencias en cuanto al sexo, salvo en el caso de las agresiones físicas, en las que los varones son víctimas predominantes. Otros análisis sí indican que las mujeres son una diana más fácil para los arranques menos violentos de los usuarios.
En cuanto al perfil del agresor, el estudio indica que el 85% de los ataques los perpetra el propio paciente. Un 73% es imputable, mientras el 21% sufre algún trastorno mental y cerca del 6% actúa bajo los efectos del alcohol o las drogas. Sobre los motivos, el desencadenante más habitual es el tiempo de espera (casi en el 60% de los casos), seguido de discrepancias en la concesión de una baja (15%) o en la receta de un medicamento (10%).
La alarma que produjo en el colectivo el asesinato en 2001 de la doctora Elena Ginel en Salamanca, a manos de un paciente al que denegó una baja laboral definitiva por esquizofrenia, supuso un punto de inflexión. Algunas organizaciones profesionales, hartas de la situación, empezaron a movilizarse y a exigir medidas para frenar la escalada de violencia en los centros.
El Colegio de Médicos de Córdoba fue uno de los primeros en denunciar el asedio. El efecto dominó no se hizo esperar. Otros colegios y los sindicatos incluyeron entre sus prioridades la lucha contra esta nueva epidemia. Hoy prácticamente todos imparten cursos a sus asociados para que se armen con herramientas que les faciliten la comunicación con los pacientes y les ayuden a salir airosos de un enfrentamiento.
HOSPITALES BLINDADOS
Espoleadas por sus plantillas, las administraciones sanitarias también han empezado a tomar cartas en el asunto. Andalucía, Cataluña y Madrid han impulsado en los tres últimos años planes de prevención de agresiones en sus centros, que contemplan medidas de protección para los trabajadores, mecanismos para fomentar la denuncia de los incidentes, establecer un registro de situaciones conflictivas y programas para atender las secuelas que sufren las víctimas. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid una comisión central hace el seguimiento de los 38 protocolos en marcha.
Uno de los grandes hospitales españoles, el madrileño de La Paz, echó a andar el suyo en julio de 2004. Durante este año prevé ubicar 358 cámaras de vigilancia en puntos estratégicos (ya están instaladas 198) y equipar a 500 profesionales con pulsadores 'antipánico', que envían una señal de alarma inaudible a una central de vigilancia. También se ha incrementado el personal de seguridad.
Son algunas de las medidas con las que espera proteger a sus empleados y disuadir a los potenciales agresores. Otras actuaciones buscan modular a la baja la crispación que desata sentirse desorientado en un hospital masificado. «Los pacientes llegan con muchas expectativas y muy desinformados», subraya Filiberto Chuliá, jefe del servicio de Asesoría Jurídica de La Paz.
Para ello, se está reforzando el personal dedicado a informar, aumentando los carteles indicativos de los servicios, dando impulso a la cita telefónica y distribuyendo trípticos divulgativos para que los usuarios no se sientan perdidos ni abandonados.
A pesar del aparente despliegue de medios, muchos profesionales se declaran desprotegidos y desamparados. «No todas las medidas se han puesto en marcha. No se han desarrollado los servicios de prevención de riesgos laborales para atender las secuelas psicológicas que dejan las agresiones», señala Serafín Romero, secretario del Colegio de Médicos de Córdoba, que cuenta con un programa de atención al médico enfermo que presta apoyo en estos casos. «Estos episodios desgastan al profesional y puede que se acabe viendo al paciente como un enemigo. Corremos el riesgo de perder médicos de por vida», advierte.
El sondeo publicado en 'Medicina Clínica' le da la razón. Por un lado, demuestra que el apoyo que perciben los trabajadores y, en especial, los agredidos, por parte de la administración es muy bajo. Y, por otro, que la violencia sí deja huella, aunque curiosamente son los ataques verbales los que ocasionan más cuadros de ansiedad y de estrés postraumático. Martínez-Jarreta atribuye esta aparente contradicción al hecho de que las agresiones físicas suelen recibir más apoyo institucional y éste actúa como «factor protector».
Precisamente una de las barreras que entorpece la lucha contra esta lacra es el mutismo que impera en el colectivo afectado. La mayoría sufre la violencia en silencio y no se atreve a denunciar a sus atacantes. «Muchos al no sentirse apoyados pero a algunos simplemente les cuesta mucho caer del pedestal», opina la autora del sondeo. «Existe miedo a la desprotección por parte de los compañeros, luego no acuden al juzgado como testigos. No quieren líos», tercia Ana Saliegui,.
Esta enfermera de 56 años trabaja desde hace 22 en las urgencias hospitalarias y conoce de cerca la «tensión» diaria que se palpa en los centros. Hace unos meses acudió a una comisaria de policía, junto con dos compañeras, para denunciar la agresión de la que habían sido objeto en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia (Cáceres). «Es muy habitual que nos amenacen de muerte. Aún así, tenemos formación para no tenemos en cuenta los insultos y amenazas que se producen en situaciones de respuesta emocional muy intensa como, por ejemplo, ante la pérdida de un hijo. Pero hay que perder el miedo y atreverse a denunciar los de otra índole. No tenemos por qué esperar a que nos agredan físicamente». En su caso, ha sido reconfortante comprobar cómo su agresor no ha quedado impune. «El acompañante de un niño con diarrea se nos metió en el servicio en tres ocasiones dando porrazos, insultándonos y llamándonos 'hijas de puta' y diciendo que nos esperaba a la salida. Hay gente que no entiende que tenemos que priorizar. No puedes dejar de atender un infarto por una diarrea. El menor se fue de alta poco después a su casa», relata Ana. El incidente desembocó en un juicio y 600 euros de indemnización para las afectadas.
En adelante, las penas por vapulear a un sanitario serán más duras. Los fiscales jefe de Córdoba, Cataluña, Asturias y Alicante han sido los primeros en comprometerse a que estas agresiones no se liquiden como faltas y con multas de pequeño moneto, sino que sean consideradas como delitos de atentado contra un funcionario público, lo que constituye un antecedente penal, eleva la cuantía del castigo y puede conllevar penas de prisión. Atacar a un sanitario será tan grave como arremeter contra un policía. Es la 'medicina' que se aplicó en el Reino Unido para atajar los malos modos de los pacientes. Y ha resultado eficaz.
ALEJANDRO BLANCO. 11.07.2007
ALEJANDRO BLANCO. 11.07.2007
Escrito que denuncia la reducción de personal en Urgencias del comarcal debido a una de las 
